👉imputaron al comunicador salteño Gustavo Vaccarella por el delito de tenencia de pornografía infantil 📌
El conductor salteño fue imputado el viernes pasado, en medio de un hermetismo total, dicho accionar aparece casi dos años después del secuestro de su teléfono celular y en una investigación que, a partir de la muerte de Lautaro, terminó abriendo otros dos frentes: el hallazgo del material que motivó la nueva imputación y una causa contra un subcomisario de la Policía de Salta por su presunta intervención irregular antes de un allanamiento.
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Casi dos años con un celular secuestrado
El teléfono celular de Vaccarella había sido secuestrado en diciembre de 2024. Según surgió de las actuaciones posteriores, en ese dispositivo se encontró material que derivó en la reciente imputación.
La pregunta inevitable es por qué fue necesario esperar semejante cantidad de tiempo para que esa información derivara en una acusación concreta. Durante ese período, además, el comunicador viajó a Europa y continuó desarrollando normalmente sus actividades profesionales
No se trata de condenar anticipadamente ni de desconocer las garantías que tiene cualquier persona sometida a una investigación penal. Se trata de preguntarse qué hicieron los investigadores durante todo ese tiempo, cuándo fue analizado el dispositivo y por qué una imputación de semejante gravedad llegó recién ahora.
Una audiencia que abrió otro frente
La audiencia del 24 de junio no solamente permitió avanzar sobre la existencia del material que posteriormente derivó en la imputación contra Vaccarella. También dejó expuesta una situación que terminó generando otra investigación judicial.
En ese expediente aparece el nombre del subcomisario Edgardo Martín Guerra, quien se desempeñaba como segundo jefe de la Unidad de Investigación de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP).
De acuerdo con la información surgida de las actuaciones, Guerra habría mantenido una comunicación telefónica con Vaccarella antes del allanamiento de su domicilio. Al parecer, el funcionario consultó si había personas en la vivienda y el comunicador habría solicitado que el procedimiento se realizara al día siguiente porque en ese momento no había nadie. El allanamiento finalmente se realizó en la fecha y hora solicitada por Vaccarella.
La situación derivó en una investigación a cargo del fiscal penal Federico Jovanovics, quien requirió un allanamiento en el domicilio del efectivo. Durante el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés.
Según fuentes consultadas, Guerra habría sido apartado preventivamente de la fuerza mientras se determina si incurrió en una conducta delictiva o irregular en su condición de funcionario público.
Las preguntas que deja el expediente
A esta altura, el expediente no solamente acumula imputaciones y medidas judiciales. También acumula preguntas.
¿Por qué hubo que esperar casi dos años para investigar hechos de semejante gravedad, como la presunta tenencia de pornografía infantil y el posible accionar irregular de un funcionario policial que ocupaba un lugar clave dentro de una unidad de investigaciones?
¿Por qué se allanó primero el domicilio de la familia Ramasco, víctima del hecho que originó la causa, y posteriormente el domicilio del comunicador sobre quien esa misma familia había manifestado sospechas?
¿Es habitual que una persona cuyo domicilio será allanado pueda proponer el día y horario en que se realizará un procedimiento judicial y que ese pedido finalmente sea aceptado?
¿Qué ocurrió exactamente entre el secuestro del teléfono de Vaccarella, en diciembre de 2024, y la reciente imputación?
¿Se investigó con la misma intensidad y celeridad a todas las personas involucradas en las distintas actuaciones?
¿Las acusaciones que pesan sobre determinadas personas reciben en Salta el mismo tratamiento judicial que recibiría cualquier ciudadano sin vínculos, exposición pública o cercanía con sectores de poder?
Y una pregunta particularmente delicada: ¿Por qué el accionar atribuido al subcomisario Guerra todavía es materia de investigación y no derivó, al menos hasta ahora, en una imputación por parte de la Justicia? Son interrogantes que no implican condenar a nadie. Pero sí deberían tener respuestas.
Larga lista de denuncias y, recién ahora, una imputación
El nuevo escenario tampoco aparece aislado. Según surge de la información aportada sobre el expediente, Vaccarella fue denunciado por su expareja —quien posteriormente mantuvo una relación con Lautaro Ramasco— por hechos vinculados con violencia de género, violencia de domicilio, desobediencia judicial en cuatro oportunidades y privación ilegítima de la libertad.
A ello se sumaron denuncias que realizó el propio Lautaro Ramasco por amenazas y lesiones. Ahora se agrega una imputación todavía más grave: tenencia de pornografía infantil.
La acumulación de antecedentes y denuncias debería, cuanto menos, llamar la atención sobre la necesidad de que cada uno de esos hechos sea investigado con la misma rigurosidad que cualquier otro expediente penal.
Porque aquí aparece otra de las paradojas que deja el caso. Mientras una persona común difícilmente podría transitar semejante acumulación de denuncias e imputaciones sin que la Justicia evaluara medidas restrictivas, Vaccarella continúa trabajando públicamente y desarrollando su actividad profesional con absoluta normalidad.
